La Comisión Permanente del Congreso aprobó el pasado miércoles 21 de febrero el proyecto de ley 1225, propuesto por la fujimorista Rosa María Bartra, que busca crear una nueva modalidad formativa aplicada solo para estudiantes de institutos técnicos. Esta modalidad, denominada “experiencias formativas en situaciones reales de trabajo”, plantea que los alumnos podrán laborar en una empresa hasta por 20 horas semanales (por un total de 448 horas distribuidas en un máximo de tres años) sin recibir un solo sol como remuneración; es decir, completamente gratis. ¿Por qué? La congresista argumenta que la ganancia del estudiante es la experiencia.

Pero la Comisión Permanente no solo aprobó la iniciativa sino que ese mismo miércoles la exoneró de segunda votación, lo que iba a significar que no se debata en el Pleno del Congreso y sea enviada directamente al Ejecutivo para su promulgación. Fueron las diversas criticas que se generaron en redes sociales las que lograron frenar el proyecto y que diversas bancadas retiraran su firma para dejar sin efecto la exoneración. Esto demuestra, una vez, más el deficiente análisis y reflexión que muestran los congresistas a la hora de legislar.

En este punto cabe resaltar que fue la bancada de Nuevo Perú la que alertó y alzó su voz de protesta cuando se debatió el proyecto en la Comisión Permanente. Sin embargo, semanas atrás, cuando la iniciativa fue analizada por la Comisión de Educación del Parlamento, se aprobó de forma unánime, con el voto a favor de Mario Canzio, parlamentario de Nuevo Perú. Otra vez, la deficiente reflexión legislativa.

Volviendo al fondo del proyecto, trabajar sin recibir ninguna remuneración solo puede colindar con la esclavitud. La labor que realice un estudiante, así sea por cuatro horas diarias, genera ganancias a la empresa y por ello es necesario que reciba alguna retribución. La propia Constitución de nuestro país prohíbe el trabajo gratuito, por más que se quiera disfrazar de “experiencia y formación”. Además, la iniciativa deja un enorme vacío sobre la fiscalización de los límites de la labor del estudiante en la empresa. ¿Con qué mecanismos van a evitar que la empresa abuse de la jornada de trabajo del alumno? ¿De qué forma controlarán que la empresa no se exceda en el tope de horas o pida actividades que no se incluyen en la currícula de formación? Aquí debería intervenir el Ministerio de Trabajo.

Pese a que el proyecto es discriminatorio e inconstitucional, no podemos ignorar que abre el debate sobre un problema que afrontan los estudiantes técnicos. La mayoría de ellos no lograr realizar las prácticas pre profesionales y profesionales que necesitan para ser competitivos. Además, su campo laboral muchas veces no logra alcanzar la formalidad, como muestra la Encuesta Nacional de Hogares del 2016, en la que el 86,2% de la PEA ocupada joven se encuentra en condiciones de informalidad. Esto merece un amplio debate dentro del Parlamento, pero la solución no es una medida que atente contra los derechos de las personas.

Militante de Nueva Democracia Universitaria